CEOMA :: Envejecimiento y Salud - Noticias al día - Trinidad Jiménez descarta la creación de un nuevo impuesto para financiar la Ley de Dependencia, en su comparecencia en el Senado

Por su parte, el PP critica que la ministra de Sanidad acuda la Cámara Alta sin un plan de trabajo concreto para la dependencia

Madrid (13/15-3-10).- La ministra de Sanidad y Política Social aseguraba en durante su comparecencia en el Senado, que la subida del IVA prevista para el próximo 1 de julio tendrá una repercusión económica mínima para la mayoría de las personas en situación de dependencia porque “sólo pagan una parte del servicio prestado”.

Además, Jiménez respondiendo a una pregunta de Mª Ángeles Font, portavoz del PP en la Comisión de Sanidad y Política Social en la Cámara Alta, aseguraba que “para los usuarios con rentas bajas, este incremento del IVA no tendrá ninguna repercusión, para el resto de los usuarios la repercusión será mínima”. Esta justificación la hacía titular de Sanidad y Política Social a tenor del acuerdo sobre la capacidad económica del beneficiario de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y sobre los criterios de participación de éste en las prestaciones.

Asimismo, explicaba Jiménez, el IVA en los servicios sociales de la Ley de Dependencia “es el reducido” y que con el nuevo modelo de financiación autonómica, la recaudación de este impuesto se transfiere en un 50 por ciento a las comunidades, por lo que, a su juicio, “éstas dispondrán de más recursos para dedicar a la Dependencia”.

Frente a las críticas del PP y CiU sobre la “carga económica” que supone para las comunidades autónomas el despliegue de la ley, que, según alertaron, supone “el 30 por ciento al Estado y el 70 por ciento a las administraciones autonómicas”, la ministra ha pedido que se “diferencie” entre los presupuestos para la asistencia social y los dedicados a la Ley de la Dependencia.

Por otra parte, en materia de financiación, la ministra descartaba la posibilidad de que el Gobierno cree un impuesto específico para financiar la atención a las personas dependientes. “A los informes teóricos hay que darles una traducción política y práctica”, afirmaba.

Jiménez sentenciaba ante una pregunta de la portavoz de CiU, Rosa Nuria Aleixandre, que “la dependencia no se toca incluso en este momento de crisis económica porque es un compromiso indudable”.

Como avance, la ministra explicaba que en el próximo Consejo Territorial de Dependencia con los consejeros autonómicos se adoptará un acuerdo para mejorar el baremo y su aplicación, distribuir entre las comunidades los 283 millones de los fondos del nivel acordado y presentar un primer documento de buenas prácticas en al implantación de la ley.

Descontento “popular”
Por su parte, Font reprochaba a Jiménez que acudiese al Senado “sin traer un plan de trabajo u actuaciones concretas en materia de dependencia”, ya que, actualmente, “hay 250.000 usuarios que tienen derecho a la prestación y están en lista de espera”.

Además, la portavoz del PP aseguraba que “lo que en un principio parecieron errores iniciales de la puesta en marcha de la Ley de la Dependencia, se ha convertido en frustración para muchas personas, enfado de los empresarios y asfixia económica para las administraciones implicadas”.

Y recordaba también que todas las comunidades, independientemente del signo político, han criticado la falta de financiación para desarrollar esta ley. Además, Font aseguraba que, aunque la ley reconoce el derecho de las personas a ser atendidas por el Estado si no pueden valerse por si mismas, la realidad actual demuestra que “no es un derecho universal, accesible y gratuito, además de haber incrementado las desigualdades territoriales”.

María Ángeles Font calificaba de "intolerable" que los empresarios de centros especializados tengan que adelantar el coste de las plazas concertadas con las Comunidades Autónomas.

La senadora del PP, refiriéndose al ámbito sociosanitario, decía que “hay que concebirlo como un proceso continuo en el que una persona con una grave problemática social que enferme, pueda obtener con facilidad el tratamiento sanitario que necesite”. También reclamaba a Jiménez que constituyera grupos de trabajo para que trabajasen en 3 líneas: “Constitución de un grupo de expertos para la elaboración de un libro blanco sobre el tema sociosanitario; desarrollo de la cartera de servicios, teniendo en cuenta las prestaciones a las cuales podamos llegar; evaluación del coste de esos servicios, así como determinar quién y cómo se pagan los servicios”.

Por último, la senadora Font exigió a la titular del Ministerio de Sanidad que unificara las normativas porque "no puede ser que cada CC.AA. tenga una legislación distinta", como ha pasado con las 17 normas diferentes en el caso de la dependencia. “No se pueden crear 17 sistemas diferentes, debe haber un marco común que permita que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, puedan acceder con la misma facilidad a los servicios”.