La igualdad en el acceso, la calidad de las prestaciones y la cooperación entre administraciones, entre los criterios que el Grupo Socialista propondrá en la Comisión de Sanidad para la evaluación de la Ley de Dependencia
Enviado el Lunes, 19 abril a las 14:35:27 por ceoma |
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Cumplidos tres años desde su aplicación, y tal como establece la propia norma, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia realizará este año la evaluación de resultados para, en su caso, proponer medidas de mejora
Madrid (17/19-4-2010).- Cumplidos los tres primeros años de aplicación progresiva de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, y tal y como se establece en la propia Ley, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia realizará este año una evaluación de los resultados de la misma, para, en su caso, proponer las medidas necesarias para mejorar el funcionamiento del sistema. Antes de cumplirse el plazo previsto, ya se llevaron a cabo dos evaluaciones.
El Grupo Socialista propone, a través de una proposición no de ley que defenderá su portavoz de política social, Mª Sol Pérez Domínguez, el miércoles en la Comisión de Sanidad y Política Social, que esta evaluación se centre, prioritariamente, en analizar aspectos referentes a la igualdad en el acceso, la prestación preferente de servicios públicos mediante oferta de la red de servicios sociales, la calidad de las prestaciones y del empleo, la calidad de la información, y el refuerzo de la cooperación entre la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas.
Tras la conquista de lo que califica de un “derecho universal”, el Grupo Socialista defiende que la Ley de Dependencia debe garantizar “el carácter universal y público de las prestaciones, el acceso a estas en condiciones de igualdad y no discriminación y la participación de todas las Administraciones Publicas en el ejercicio de sus competencias; y recuerda que la Ley fue fruto “del dialogo y del consenso social”.
El Grupo Socialista estima como “positivo” el balance de los tres primeros años de aplicación de la Ley, pues “el nuevo sistema supone el inicio de un cambio de modelo en la protección de un riesgo que venía considerándose un asunto del ámbito privado”, y valora “el esfuerzo hecho por las instituciones para poner en marcha en tan poco tiempo una nueva estructura, para dar cumplimiento a un nuevo derecho”.
Por eso, considera el GS que ahora “es prioritario asegurar la plena implantación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y alcanzar los niveles de cobertura en los
términos y calendario establecidos en la Ley, garantizando el pleno desarrollo de la cartera de servicios dentro de la red pública de servicios sociales y en colaboración con la iniciativa privada, con y sin ánimo de lucro”.
Impulsar la evaluación: aspectos
Así, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar que la evaluación prevista en la disposición final primera de la Ley se centre, prioritariamente, en analizar estos aspectos:
En la igualdad en el acceso: el tiempo transcurrido entre la valoración, la resolución, la elaboración del Plan Individual de Atención, y el disfrute efectivo de los servicios y
Prestaciones; la composición de los equipos de valoración; los criterios de aplicación del baremo.
En la prestación preferente de servicios públicos mediante oferta publica de la red de servicios sociales: los recursos existentes de todo tipo en todo el Estado y la oferta de servicios.
En la calidad de las prestaciones y del empleo: la figura del asistente personal; los servicios de prevención de las situaciones de dependencia; el plan integral de atención a los menores de tres años en situación de dependencia; y las buenas prácticas en la prestación de los servicios.
En la calidad de la información: el acceso a la información y la transparencia en la presentación de los datos.
En cuanto al refuerzo de la cooperación entre la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas: la coordinación en el marco del Consejo Territorial; la sostenibilidad económica del Sistema; y la transparencia en el gasto en todas las administraciones.
En la elaboración se contará con la participación de todos los órganos consultivos que contempla la Ley. Se celebrara una comparecencia del Gobierno en la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo después de cada Consejo Territorial para dar cuenta de los
acuerdos que se vayan alcanzando, así como una comparecencia final cuando concluya el proceso de evaluación.
Una vez concluida y presentada la evaluación, se propondrán las medidas necesarias para mejorar el funcionamiento del Sistema.
Proposiciones no de ley sobre guías de práctica clínica
Por otra parte, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado dos proposiciones no de ley. La primera hace referencia a la creación y puesta en funcionamiento de la biblioteca de guías de practica clínica, con especial atención al biblioteca virtual, del Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo.
Según ésta, se insta al Gobierno a elaborar, adaptar y actualizar las guías de práctica clínica y otros instrumentos basados en la evidencia científica, acordes a las necesidades del SNS, y de otros instrumentos y recursos basados en la evidencia para el apoyo a la toma de decisiones.
Según la segunda proposición no de ley, se quiere promover y realizar la guía de práctica clínica sobre la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, para su debate en la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo
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