Las organizaciones de mayores muestran su desánimo por la paralización de la Ley de Dependencia

El pasado día 28 de septiembre se celebró en Madrid la mesa redonda “ Conclusiones del VI Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores: la protección social de las personas con Dependecia", organizada por CEOMA, y en la que se analizaron los principales aspectos tratados en el VI Congreso Nacional de organizaciones de Mayores y la situación actual de la ley de dependencia.

El coloquio, que estuvo moderado por el presidente de CEOMA, Eduardo Rodríguez Rovira, contó con la participación de Luis Álvarez, presidente de AGMT y vicepresidente de CEOMA, Mario Cugat, presidente de FATEC, Juan Manuel Martínez, director Nacional de Servicios Sociosanitarios, y Jesús Norberto Fernández, adjunto al subdirector general de planificación, ordenación y evaluación- IMSERSO.

En su intervención, el presidente de CEOMA mostró su preocupación por la lentitud en el desarrollo de la ley de dependencia e hizo alusión al presupuesto destinado, fijado en 100 millones de euros, calificándolo de “cantidad totalmente insuficiente”.

Por su parte, Luis Álvarez vicepresidente de CEOMA, y ponente de las bases para una Ley Estatal de Protección Social a las personas con Dependencia, centró su intervención en el análisis del VI Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, destacando que éste supuso “una muestra patente de la madurez alcanzada en conocimiento de las situaciones de los dependientes, en el planteamiento de reivindicaciones y las propuestas de soluciones”.Además, en su intervención,Álvarez resaltó la necesidad de un desarrollo urgente de la Ley de dependencia.

Mario Cugat hizo hincapié en que el principal problema para el desarrollo de la ley se encuentra actualmente en su financiación. En este sentido, Cugat destacó que, en su opinión, la única solución para pagar la dependencia “se centraría en un incremento del IRPF, a título de seguro para la dependencia”.

Por otra parte, Juan Manuel Martínez hizo referencia a las diferencias territoriales de la asistencia que existen actualmente. En este sentido, destacó la necesidad de homogeneizar territorialmente el nivel de asistencia a los dependientes, mediante “un principio de solidaridad interterritorial”.

Sobre este aspecto, Jesús Norberto Fernández, resaltó que “una vez que se apruebe la ley, deberá elaborarse un decreto de varemos para valorar igual en todos los territorios a las personas con dependencia y otro que contemple un catálogo de servicios para que se apliquen con carácter mínimo en todas las Comunidades Autónomas, cumpliendo así el principio de igualdad establecido en la constitución”.

Madrid, 28 de septiembre de 2005